La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de decreto que adicionaría un párrafo al Código Penal estatal cuyo objetivo es sancionar las conductas que realicen cualquier persona servidora pública que, de manera indebida, revele o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de una carpeta de investigación.
De acuerdo a la propuesta, se adicionaría el artículo 348 sexies para establecer que la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Estas sanciones incrementarían en una tercera parte, si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de su casa en la colonia Vallejo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Érick Francisco, su pareja, fue detenido por ser el presunto feminicida. “Policías llegaron al domicilio donde se había reportado el crimen y hallaron en el piso el cuerpo desollado de la joven”.
Destacó que al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, abundó.
Asimismo, puntualizó que la filtración de información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia, sobre la falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio.
Subrayó que actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local; en tanto que en los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.
La legisladora Ivonne Trujillo dijo que al sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean re victimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
De acuerdo a la propuesta, se adicionaría el artículo 348 sexies para establecer que la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Estas sanciones incrementarían en una tercera parte, si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de su casa en la colonia Vallejo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Érick Francisco, su pareja, fue detenido por ser el presunto feminicida. “Policías llegaron al domicilio donde se había reportado el crimen y hallaron en el piso el cuerpo desollado de la joven”.
Destacó que al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, abundó.
Asimismo, puntualizó que la filtración de información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia, sobre la falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio.
Subrayó que actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local; en tanto que en los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.
La legisladora Ivonne Trujillo dijo que al sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean re victimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.